1. Tomar postura en contra.

Los medios debemos condenar y rechazar la violencia motivada por el crimen organizado, enfatizar el impacto negativo que tiene en la población y fomentar la conciencia social en contra de este tipo de violencia. Bajo ninguna circunstancia, los medios debemos justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo.

2. No convertirse en vocero involuntario del crimen organizado.

En la cobertura del crimen organizado y sus estrategias de terror, los medios debemos: Evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes, abstenernos de usar inadecuadamente términos jurídicos que compliquen la comprensión de los procesos judiciales en contra del crimen organizado; impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se convierten en víctimas o héroes públicos, pues esto ayuda a construir una imagen favorable ante la población, a convertir en tolerables sus acciones e, incluso, a ser imitados. Omitir y desechar información que provenga del crimen organizado con propósitos propagandísticos. Ni convertirse en instrumentos o parte de los conflictos entre grupos de la delincuencia.

3. Dimensionar adecuadamente la información.

Presentar siempre esta información en su contexto correcto y en su justa medida. Explicar cuál es el tamaño y la situación real del problema, cómo afecta a la sociedad y cómo se compara con lo que ocurre o ha ocurrido en otras regiones y países.

4. Atribuir responsabilidades explícitamente.

La información que se difunda sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos de violencia. En caso de que alguna acción del Estado en el combate a la delincuencia organizada caiga en excesos, esté fuera de la ley o viole derechos humanos, siempre habrá que consignarla. Una de las funciones de los medios es consignar y denunciar el ejercicio indebido del poder. Y cuando la acción de gobierno involucra el uso de la fuerza pública, esta función es aún más esencial. Por otra parte, cuando la acción del Estado se realice dentro de la ley, debe quedar claro que la violencia es producto de los grupos criminales.

5. No prejuzgar culpabilidades.

Las autoridades a veces tratan de mostrar eficacia en la lucha contra el crimen organizado presentando ante medios a detenidos en condiciones que cancelan su presunción de inocencia. Los medios debemos manejar siempre este tipo de información bajo el supuesto de que los involucrados son inocentes en tanto no cuenten con una sentencia condenatoria o estén confesos. Asimismo, los medios exigiremos información oportuna y veraz sobre las detenciones y, en general, sobre actuación del gobierno en sus acciones e investigaciones sobre el crimen organizado.

6. Cuidar a las víctimas y a los menores de edad.

La información que los medios presentemos debe respetar los derechos de las víctimas y de los menores de edad involucrados en hechos de violencia. Nunca debe darse información que ponga en riesgo su identidad.

7. Alentar la participación y la denuncia ciudadana.

Los medios debemos promover que la ciudadanía denuncie a los delincuentes y participe, dentro de su ámbito, en la prevención del delito y reducción de la violencia. Esto, por supuesto, siempre que sus acciones no los pongan en riesgo frente a los criminales.

8. Proteger a los periodistas.

Cada medio debe instituir protocolos y medidas para la seguridad de sus periodistas y reporteros al cubrir la información proveniente del crimen organizado y terrorismo, como son no firmar las notas sobre estos temas, hacer notas y coberturas conjuntas con otros medios y no hacer reportes en vivo desde las zonas más violentas.

9. Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios.

En caso de que algún reportero o medio de comunicación sufra amenazas y acciones del crimen organizado y del terrorismo para influir en su línea editorial y contenido informativo, los medios debemos solidarizarnos en contra de esas presiones, pero en los términos que mejor le convengan al reportero o medio afectado.

10. No interferir en el combate a la delincuencia.

Los medios no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos en contra del crimen organizado o que comprometa la vida de quienes combatan a la delincuencia o a sus familias, como son policías, fuerzas armadas, investigadores, jueces y cualquier otra autoridad vinculada a la seguridad y justicia. Lo anterior no implica que los medios dejemos de dar seguimiento al tema. Tampoco significa que renunciemos a nuestra responsabilidad de cuestionar la efectividad de la acción gubernamental contra el crimen organizado. Nuestros espacios deben seguir abiertos a la crítica de las estrategias gubernamentales en ésta, como en cualquier otra área del gobierno.